Búsqueda: Impacto social

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) fue creada mediante la Ley Núm. 67 del 7 de agosto de 1993 según enmendada adscrita al Departamento de Salud con personalidad jurídica propia capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y administrativa.Mediante esta legislación se fusionaron el Departamento de Servicios Contra la Adicción (DSCA) y la Secretaría Auxiliar de Salud Mental del Departamento de Salud. Esta Ley Orgánica deposita en la ASSMCA la responsabilidad primaria de llevar a cabo los programas de prevención atención mitigación y solución de los problemas de salud mental y adicción o dependencia a sustancias con el fin de promover y conservar la salud biosicosocial del pueblo de Puerto Rico.

El Estado ecuatoriano reconoce a las adicciones como un problema de salud pública que merecen ser atendidas desde un enfoque de derechos humanos y no criminalización y sobre todo con especial atención a las necesidades de la niñez y adolescencia. Por ello ha implementado los Centros Especializados para el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas en adelante (CETAD) dirigido a personas que presenten consumo problemático de alcohol y otras drogas bajo la rectoría del Ministerio de Salud del Ecuador. Las personas dentro del CETAD cuentan con terapia individual grupal familiar multifamiliar ocupacional psicofarmacológica actividades físico-deportivo actividades culturales que permiten el desarrollo integral y la estimulación de las habilidades y destrezas.

De Cero a Siempre es la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia.La Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia busca potencializar la Política De Cero a Siempre que reúne políticas programas proyectos acciones y servicios dirigidos a la primera infancia con el fin prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años de edad.Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables; la familia la sociedad y el estado están en la obligación de garantizar la protección la salud la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los cinco años.

La Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declara la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una mujer que padezca de una discapacidad mental” contenida en el artículo 150 numeral 2 del COIP.Fundamentos de la acción de inconstitucionalidadLas accionantes consideran inconstitucional la frase “que padezca de discapacidad mental” contenida en el numeral 2 del artículo 150 del COIP. Además solicitan que “por el principio de unidad normativa” después de la frase “una mujer que ha consentido en ello” del artículo 149 del COIP debería incluirse: “excepto en caso de violación incesto malformación grave del feto y embarazo por inseminación forzada”.Perspectiva profesional En Acompañantes en Red tenemos grupos de apoyo para mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual en la infancia. Psicólogas abogadas médicas redactamos documentos de “amicus curiae” en donde indicamos nuestros reparos desde la psicología sobre cómo se afecta la salud mental de niñas y adolescentes al ser forzadas a conservar sus embarazos. Reconocer la posibilidad de elegir sobre su cuerpo como forma de reparación inmediata y efectiva. (Ramírez 2021).

Se conmemora la publicación en el Registro Oficial de la primera Ley de la La Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos que el 14 de agosto de 1979 logró que se oficialice el primer decreto a favor del Perfeccionamiento y Defensa Profesional. De esta ley nace el estatuto general de la práctica profesional privada y pública de los especialistas ecuatorianos. También establece la creación de los colegios que establecen y regulan las prácticas de los psicólogos.

El objetivo principal del proyecto fue llevar a cabo acciones de prevención promoción y gestión del riesgo individual familiar y comunitario de la salud mental de los pacientes en los casos reportados por tuberculosis (TB sensible y resistente) enfermedad de Hansen (lepra) y co-infección de VIH-TB. Asimismo promover el fortalecimiento interinstitucional y comunitario para el afrontamiento de las enfermedades mencionadas y promoción de la salud mental de los pacientes en los casos reportados.

Intervención psicosocial que involucra a niños y niñas entre los 4 y 10 años preadolescentes de 11 a 14 años adolescentes y jóvenesentre los 15 y 25 años padres de familia líderes comunitarios que habitan en los barrios Palmas II-Santo Domingo Savio Etapa 1 y 2 Asentamientos Primero de Abril y Gustavo Restrepo. Estos sitios en su mayoría están conformados por población en situación de desplazamiento lo cual converge con factores de riesgo como agresividad alto consumo de sustancias psicoactivas (SPA) hurto homicidio pandillerismo disfuncionalidad familiar violencia intrafamiliar violencia sexual desempleo y deserción escolar.

La desinstitucionalización busca favorecer la rehabilitación psicosocial dirigida a la reinserción en la comunidad de personas con trastorno mental severo sin referente familiar y social institucionalizadas en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara de la ciudad de Quito.La desinstitucionalización tiene como objetivos:• Establecer los procedimientos específicos para la rehabilitación psicosocial y la reinserción de las personas con trastornos mentales severos institucionalizadas. • Describir los lineamientos generales para el sostenimiento en comunidad de los usuarios reinsertados a través de la red de salud mental. • Lograr la reinserción social de las personas institucionalizadas fomentando el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. • Armar una red de apoyo que incluya a la familia que facilite el funcionamiento social del usuario. Disponer de espacios residenciales como alternativas sustitutas al apoyo familiar como recurso de reinserción en entornos sociales normalizados.La reinserción de pacientes institucionalizados conlleva una estructura compleja la preparación del usuario no es un proceso impuesto deberá ser consensuado considerando el derecho del usuario para opinar sobre su plan requiere un trabajo multidisciplinario con acciones coordinadas trabajadas de manera paralela y paulatina generando las condiciones adecuadas para la externación del usuario.

En ejercicio de sus atribuciones legales en especial de las conferidas en el artículo 31 de la Ley 1616 de 2013 y en desarrollo de lo establecido en el artículo 2º del Decreto ley 4107 de 2011 y la Resolución 1841 de 2013 el Ministro de Salud y Protección Social adopta la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018). La presente disposición es de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS en el ámbito de sus competencias y obligaciones. La Política busca posicionar la salud mental como agenda prioritaria para el país tal como lo promulga la Ley 1616 de 2013 retomando lo propuesto en el Plan Hemisférico de la Salud Mental 2015 – 2020

La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores, mediante la promoción de un envejecimiento activo, digno y saludable. Plantea acciones intersectoriales en salud, participación social, protección económica y cultura del envejecimiento. Desde el ámbito psicológico, se centra en el fortalecimiento de la salud mental, la autonomía, la autoestima, el afrontamiento positivo de la vejez y la prevención del aislamiento social. Promueve redes de apoyo, atención psicosocial y programas comunitarios para favorecer el bienestar emocional de las personas mayores.